En el dinámico mundo empresarial, mantener una salud financiera sólida y cumplir con las regulaciones es esencial para el crecimiento del negocio. En este contexto, la Ley General de Subvenciones ha experimentado cambios significativos con el propósito de facilitar a las empresas beneficiarias el cumplimiento de los requisitos en materia de morosidad.
Estas reformas, que se introdujeron en 2022 como parte del plan de recuperación económica, han modificado la dinámica de cómo las empresas acceden a ayudas financieras y han establecido un marco más claro para la acreditación de su cumplimiento. A través de este artículo, exploraremos las reformas y sus implicaciones.
El Nexo entre la “Ley Crea y Crece” y la Normativa de Subvenciones
La “Ley Crea y Crece” fue un componente integral del Plan de Recuperación que se implementó en 2022. Entre las diversas reformas que introdujo, una medida relevante fue la modificación en la normativa de subvenciones.
Ahora, para recibir ayudas superiores a 30.000 euros, las empresas deben cumplir con el plazo de pago a proveedores establecido en la Ley de Morosidad. Este plazo, generalmente de 30 días, puede extenderse en casos específicos hasta un máximo de 60 días. Esta nueva exigencia se convirtió en un factor crítico en el acceso a subvenciones y generó la necesidad de establecer mecanismos efectivos para su cumplimiento.
Evolución de los Requisitos de Acreditación
Inicialmente, la acreditación del cumplimiento del plazo de pago a proveedores para empresas que presentaban cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas requería una declaración responsable. Para las demás empresas, se permitía la presentación de un certificado emitido por un auditor registrado o, en su defecto, un informe de procedimientos acordados. Sin embargo, esta medida generó incertidumbre en cuanto al momento específico en el que debía acreditarse dicho cumplimiento. Cada convocatoria de ayudas establecía sus propios términos, lo que resultó en ambigüedad y confusión.
La Segunda Reforma: Claridad y Eficiencia
Para abordar esta confusión y eliminar obstáculos burocráticos, se realizó una segunda modificación en junio de 2023 a través del Real Decreto-Ley 5/2023. Esta reforma tenía como objetivo definir los términos que quedaron pendientes y reducir la incertidumbre para los solicitantes de subvenciones. Entre las novedades destacadas se encuentran:
1. Exclusión Específica
Solo las entidades con ánimo de lucro deben cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad. Entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector público quedan exentas.
2. Validación del Confirming sin Recurso
Ahora se acepta el confirming sin recurso como prueba válida de cumplimiento de plazos, siempre y cuando los gastos de contratación corran por cuenta del solicitante de la ayuda.
3. Plazos Definidos
Se establece que la acreditación del cumplimiento de los plazos debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación de la resolución provisional de la convocatoria de ayudas.
4. Flexibilidad para Empresas sin Cuentas Abreviadas
Para empresas que no elaboran cuentas abreviadas, se permite la presentación del justificante de haber solicitado el certificado de auditor o informe de procedimientos acordados. No obstante, estos documentos deben presentarse en el momento en que estén disponibles, y nunca después de la publicación de la resolución definitiva.
Retrospectiva y Proyección
Es esencial destacar que estas reformas tienen un alcance retroactivo, impactando en procedimientos de subvenciones públicas iniciados a partir del 19 de octubre de 2022 y que están pendientes de resolución definitiva. Empresas que hayan solicitado subvenciones a partir de esa fecha deben prepararse para cumplir con los nuevos requisitos establecidos.
Conclusión sobre la modificación de la Ley General de Subvenciones
Los cambios introducidos en la Ley de Subvenciones reflejan un esfuerzo por optimizar la relación entre las empresas beneficiarias y los requisitos legales de morosidad. A través de estas reformas, se ha proporcionado claridad en la acreditación y el momento de cumplimiento de los plazos de pago, al tiempo que se han eliminado obstáculos para la obtención de subvenciones.
Sin embargo, toda modificación, a pesar de que esta última está pensada para agilizar los procedimientos tiene sus peculiaridades, gracias a una auditoria de subvenciones publicas se minimiza el riesgo de realizar una mala práctica.
Las empresas ahora tienen un marco más preciso para navegar en el proceso y garantizar que cumplan con los requisitos legales establecidos. Estas reformas no solo apuntan a la eficiencia administrativa, sino también a la transparencia y la equidad en el acceso a subvenciones, fomentando así un entorno empresarial más sólido y confiable.
