Las empresas, administraciones y otros entes del sector público están sujetos a la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Esta ley establece plazos de pago que deben cumplirse, y la reciente Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece), ha introducido cambios en la Ley General de Subvenciones, afectando directamente a las empresas que incumplen los plazos de pago.
Cambios Clave según la Ley Crea y Crece
Según el artículo 4 de la Ley de morosidad, si un contrato no establece un plazo de pago específico, el deudor tiene la obligación de pagar dentro de los 30 días naturales después de recibir las mercancías o servicios, incluso si ya ha recibido la factura antes. Además, si las partes acuerdan un plazo de pago, este no puede ser superior a 60 días naturales en ningún caso.
Antes de que entrara en vigor la Ley crea y crece, las empresas y el sector público ya estaban obligados a cumplir. Con todo, tras la nueva Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se han hecho cambios.
¿Qué es lo que introducen las modificaciones, como el nuevo apartado 3 bis en el artículo 13 y los ajustes del apartado 2 del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones?
1. Condiciones para Subvenciones
Las empresas que incumplen los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán obtener subvenciones superiores a 30,000 euros.
Supongamos que existe una empresa llamada “EcoTech Solutions” que se dedica a la fabricación de dispositivos electrónicos ecológicos. Esta empresa solicita una subvención gubernamental para desarrollar un nuevo proyecto de investigación destinado a mejorar la eficiencia energética de sus productos.
Ahora, si “EcoTech Solutions” ha sido identificada previamente por retrasos en sus pagos a proveedores y no ha corregido esta situación, la empresa podría no ser elegible para recibir una subvención que supere los 30,000 euros, incluso si su propuesta de investigación es excelente.
2. Gastos Subvencionables
Solo serán considerados gastos subvencionables aquellos que se hayan abonado dentro del plazo establecido. Los gastos no pagados a tiempo no serán elegibles.
Por ejemplo, si la empresa adquirió equipos por 15,000 euros, pero el pago se realizó una semana después de la fecha límite especificada en las condiciones de la subvención, esos 15,000 euros no serían considerados gastos subvencionables. La empresa podría perder parte de la financiación prevista para esos gastos.
Detalles clave sobre esta nueva normativa y sus implicaciones
Estas modificaciones impactan directamente en la elegibilidad de los solicitantes y sus gastos subvencionables. Es esencial entender quiénes están sujetos a estos requisitos, cómo las empresas deben demostrar el cumplimiento de los plazos de pago y cuándo estos requisitos son aplicables.
Sujetos obligados
Todas las empresas, excluyendo las administraciones públicas fuera del sector público empresarial, deben cumplir con esta obligación para ser beneficiarias de ayudas públicas.
Acreditación del cumplimiento
Las empresas pueden presentar una declaración responsable si están habilitadas para formular cuentas abreviadas. Aquellas que no pueden presentar cuentas abreviadas deben obtener una certificación de un auditor registrado, que analizará los plazos efectivos de pago.
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Elegibilidad de gastos
La elegibilidad de gastos se evaluará de manera individual para cada gasto en particular, y la verificación se realizará considerando el momento real en que se efectuó el pago. En otras palabras, no basta con simplemente haber incurrido en un gasto; es crucial que dicho gasto se haya abonado dentro del plazo establecido.
Fecha de entrada en vigor
Las modificaciones de la Ley General de Subvenciones entraron ya en vigor a partir del 19 de octubre de 2022, según la Ley Crea y Crece. Con todo, aún muchas empresas no conocen a fondo sus implicaciones.
Conclusiones finales
En conclusión, las empresas que buscan beneficiarse de ayudas públicas deben prestar especial atención al cumplimiento de los plazos de pago y a la adecuada documentación de los gastos, asegurando así su elegibilidad y optimizando sus posibilidades de obtener el apoyo financiero previsto.
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