Este mes ha entrado en vigor en España una nueva ley, que obliga a las empresas de más de cincuenta trabajadores. ¿En qué consiste esta nueva normativa y a partir de cuándo es obligatorio cumplirla?
La Ley de Protección del Informante proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower.
El objetivo de esta ley es amparar a la ciudadanía para que pueda denunciar cualquier irregularidad detectada en las empresas privadas o la Administración pública. Por ejemplo, infracciones administrativas o incluso penales, en materia de seguridad y salud en el puesto de trabajo.
Además, se prohíbe cualquier clase de represalia contra el denunciante y se han tomado medidas para poder proteger a todos los intermediarios, incluidos compañeros o familiares del mismo. Una de ellas consiste justamente en la opción de realizar denuncias anónimas, con total confidencialidad para el informante y cualquier tercero mencionado.
¿Cuál es el plazo máximo para contar con ese buzón de denuncias?
El plazo de las empresas de más de 50 trabajadores y hasta 249 es desde ahora hasta el 1 de diciembre de 2023. En el caso de las compañías con más de 249 empleados o administraciones, el 13 de junio es la fecha límite para contar con este nuevo método de denuncia disponible para los empleados.
En caso de no cumplir con esto, las empresas españolas podrían enfrentarse a importantes sanciones:
- Entre 1.001 y 300.000 euros para personas físicas
- Entre 100.000 y el millón de euros para personas jurídicas
Por lo tanto, a partir de diciembre del año 2023, las empresas que tengan más de 50 trabajadores y no manejen adecuadamente las denuncias internas que reciban, podrían recibir una multa de hasta un millón de euros.
Necesidad de software de gestión de denuncias
Una de las implicaciones de esta nueva Ley de Informantes implica que las empresas deberán contar con un canal digital donde poder realizar las denuncias. Esto es clave para poder cumplir con las exigencias, entre ellas el propio anonimato exigido para proteger al whistleblower que haya detectado una infracción relevante.
Es más, en la propia web corporativa de las compañías de más de 50 empleados, será necesario contar con un acceso fácil al canal de denuncias. Este espacio deberá estar abierto a los trabajadores, y también a proveedores, clientes y terceros que puedan tener constancia de alguna irregularidad de tipo penal, laboral o administrativa.
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